Partimos de dos consideraciones esenciales:
La primera es que el interés superior del menor es el principio rector de cualquier decisión.
La segunda es que las cuestiones relativas a la salud de los menores derivan de la potestad/responsabilidad parental que, como regla general, ejercen conjuntamente los progenitores.
En base a las dos consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta las restricciones de movimientos y restricción de traslados que conlleva la declaración del estado de alarma, el consenso de los progenitores, en un momento tan excepcional, es más fundamental que nunca.
Ante las discrepancias o dudas que surjan en torno a cómo cumplir con el régimen de guarda y relación con los hijos y, teniendo en cuenta que el estado de alarma no legitima el incumplimiento de las resoluciones judiciales, se traduce en que se han de seguir cumpliendo con los sistemas de guarda, custodia, visitas y comunicaciones fijadas en las resoluciones judiciales.
En una custodia compartida, se debe seguir manteniendo el régimen, evitando que se produzcan desplazamientos no necesarios. Por ejemplo, si es una guarda semanal, con visitas inter semanales, procedería suspender las visitas sin pernocta.
Si hablamos de guarda individual con un régimen de estancias de los hijos con el progenitor no custodio con pernoctas, lo razonable es cumplir el régimen previsto. Si se trata de visitas que no conllevan pernocta, lo procedente, es dejarlas sin efecto, durante este tiempo excepcional, para reducir el riesgo de contagios debido a mayores desplazamientos.
Esta es la práctica que debería regir en un supuesto de normalidad, si bien, en los casos en que exista riesgo para la salud del menor, por ejemplo, cuando uno de los progenitores presenta síntomas de contagio o ha resultado positivo, los menores deben permanecer con el otro progenitor.
En esta situación llena de incertidumbre que vivimos a causa del COVID 19, procede más que nunca, un ejercicio responsable de la responsabilidad parental.
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